23 de junio 2020
En las dos últimas semanas el régimen que usurpa el gobierno en Venezuela, arremetió una vez más contra el derecho al voto, las atribuciones de la Asamblea Nacional y los partidos políticos democráticos, agrupados en torno al Gobierno Interino de Juan Guaidó.
En una serie de decisiones judiciales, de su obsecuente TSJ, el régimen designó el CNE, usurpando las atribuciones de la Asamblea Nacional, que se encontraba en pleno proceso legal y constitucional para hacer lo propio, incluso con la participación en el Comité de Postulaciones de la fracción parlamentaria oficialista.
De igual manera, el mismo TSJ, arremetió contra los partidos de la mayoría democrática, destituyendo a sus autoridades legítimas, las seleccionadas por sus militantes, y nombrando directivas prorrégimen, despojando además a esos partidos de sus emblemas, colores, símbolos y locales.
Frente al primer hecho, la designación de las autoridades electorales, reaccionó rápidamente la comunidad internacional, que como sabemos reconoce a la legítima Asamblea Nacional –único órgano electo por votación popular– y al Gobierno Interino de Juan Guaidó.
El grupo de Lima, con la mayoría de sus miembros rechazó y desconoció, cito “la ilegal designación de los miembros del… CNE”.
De igual manera, el Grupo Internacional de Contacto, en declaración acordada por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia, más el Reino Unido y cuatro países de América Latina (Ecuador, Costa Rica, Panamá y Uruguay) lamentó la designación del órgano electoral en contra –y cito: “…de lo previsto en la Constitución venezolana… (que) socava la credibilidad tanto del CNE como del próximo proceso electoral”.
Por su parte la Unión Europea criticó la decisión del TSJ, calificándola como: cito «… decisiones que reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales a la resolución de la profunda crisis política en Venezuela», según afirmó, Joseph Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE, en una declaración en nombre de los 27 miembros de esta agrupación.
Declaraciones similares de rechazo a esta decisión fueron formuladas por los gobiernos de España, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos.
De igual manera, algunos organismos, gobiernos y personalidades se han venido pronunciando, desde el mismo mes de enero de este año, en contra de la convulsa situación parlamentaria en Venezuela y los intentos del régimen por acabar con la Asamblea Nacional y los partidos políticos.
Las acciones de esta semana, no son más que el corolario de estas agresiones, que se remontan ya a varios años, tras la derrota sufrida por el régimen en las elecciones de 2015.
A partir de allí el régimen de Nicolas Maduro a través de los organismos judiciales que controla, han tomado medidas de cambiar directivas contra 7 partidos, hasta ahora, y hay varios más a los que no se les permitió relegitimarse y otros fueron inhabilitados.
Entre los pronunciamientos en contra de esta conducta antidemocrática destaca el de la Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, quien hizo, y cito “… un llamado al régimen de Venezuela para que respete la autonomía, legitimidad y mandato de la Asamblea Nacional, y que respete la vida y derechos humanos de los parlamentarios”.
No obstante esta acción en contra de los partidos políticos democráticos, el régimen no ha logrado su objetivo de dividirlos, por el contrario, los ha amalgamado para definir nuevas estrategias de lucha contra la tiranía y en pro de la libertad y la democracia.