Habíamos preparado un editorial en el cual, sin pronunciarnos a favor o en contra del Referendo Revocatorio, alertábamos de las dificultades y riesgos que enfrentaba el ejercicio de ese derecho. Advertíamos que la primera dificultad serían las trabas que el régimen interpondría para su realización. Hoy es un hecho que el régimen le ha conculcado un derecho político más a los venezolanos.
En Venezuela, a pesar de lo que dice la Constitución bolivariana pomposamente promovida por el régimen, los venezolanos no tenemos derecho a elegir, pues el régimen manipula a su antojo los procesos electorales: ni derecho de asociación -pues los partidos políticos son perseguidos y secuestrados; ni derecho a libertad de expresión -pues el régimen persigue a quienes se expresen libremente, como atestiguan los medios de comunicación cerrados, los periodistas perseguidos y los cientos de presos políticos; ni derecho a una identidad -pues no se han emitido pasaportes ni documentos de identidad. Y así pudiéramos seguir mencionando derechos conculcados. Pero hoy también es patente que no tenemos derecho a revocar el mandato de los funcionarios elegidos.
Las condiciones definidas por el CNE, para recoger la manifestación de voluntad de revocar el mandato de Nicolás Maduro, superan todo lo que pudiéramos imaginar y hacen imposible que se pueda realizar la recolección de firmas, para tan siquiera activar el referendo. El pasado viernes 21, uno de los rectores del CNE que salvó su voto, Roberto Picón, las resumió de la siguiente manera:
“1) Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error.
2) Sin tiempo para notificar a la ciudadanía los puntos de recolección (…)
3) El proceso se llevará a cabo sin auditoría del software que garantice integridad e inviolabilidad del proceso.
4) Sin tiempo para nombrar testigos en los 1200 puntos.
5) Sin medidas de bioseguridad. De haber convocatoria, habría colas de 300 personas. en pleno pico de Ómicron.”
Para terminar apuntando que: “No es factible”, con estas condiciones, intentar recoger las firmas para activar el referendo revocatorio.
Por supuesto, el derecho a solicitar el revocatorio de más de cuatro millones de electores potenciales en el exterior ni siquiera fue tomado en cuenta, pues en la lista de los 1200 puntos de recolección que fue dada a conocer no hay ningún punto de recolección de firmas en el exterior. Como bien sabemos, para el régimen y sus instituciones, los millones de venezolanos en el exterior son parias y no tienen derecho a que se les atienda consularmente: ni a la plena identidad venezolana -pues no se les facilitan los documentos respectivos, ni a votar o revocar.
Pero además, por si esto no fuera suficiente, el organismo comicial señaló y recordó otras disposiciones con las que el régimen se asegura que será imposible realizar ningún proceso revocatorio: “… para poder cumplir con el requisito de activación del RR presidencial se deberá alcanzar el 20% del RE en cada una de ellas (las entidades federales), tal como estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el año 2016”, refiriéndose de esta manera a una nefasta sentencia del ilegitimo TSJ con la cual, el 17 de octubre de 2016, contribuyó a conculcar el derecho al revocatorio que había sido solicitado para realizarse en ese año.
De igual manera, el CNE recordó que en el caso de que no se pudieran recolectar las firmas con las leoninas condiciones definidas “… dará por finalizado el proceso, con lo cual se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario”
De esta manera el régimen pone fin al tercer intento de revocar a un Presidente electo, derecho constitucional consagrado en el artículo 72 de la Constitución nacional. El primero, en 2004, bien sabemos los retrasos que sufrió y la cantidad de dificultades que se le pusieron, entre las cuales y de nefasta recordación está la denominada “Lista Tascón”, con la cual se persiguió y se restringió sus derechos a miles de venezolanos. En el segundo intento, en 2016, después de normas sobrevenidas y trabas de todo tipo, y ante la inminencia de la recolección de firmas en todos los Estados del país, el régimen puso en acción su perverso sistema de justicia: Varios jueces penales -sin tener competencias para ello- impidieron la recolección de firmas en varios estados, que el CNE hizo general para todo el país.
Pero ahora, ante el hecho cumplido, nos debemos alegrar de este segundo error político del régimen en tan poco tiempo –el primero fue repetir las elecciones en Barinas−, pues nos ofrece la oportunidad de denunciar ante el mundo este nuevo atropello a los derechos políticos −y por tanto humanos− por parte del régimen venezolano; y, lo más importante, nos da un nuevo impulso para continuar con la lucha política, con la tarea de reorganizar nuestros partidos, de rescatar los que tienen secuestrados y a los presos políticos, de renovar nuestra dirigencia opositora, de organizar a la gente para la resistencia y para que logre reivindicaciones para mejorar su nivel de vida, mientras logramos que desaparezca este régimen de oprobio; de lograr que se respeten los derechos políticos y el derecho a la nacionalidad de manera plena de los venezolanos en el exterior; en fin, de prepararnos para lograr unas elecciones libres, justas y verificables.
Hay suficientes cosas que hacer, sin tener que lamentarnos por el RR, cuyo fin estaba cantado. Debemos pensar que esta acción anticipada del régimen nos ahorrará algunas discusiones y disputas sobre el RR, que sólo nos iban a conducir a mayores divisiones internas.