Sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela se especuló durante varios meses, hasta que finalmente se realizó en el mes de junio, y al respecto se han dado múltiples versiones y ha sido objeto de todo tipo de comentarios y críticas. Ya no hay que explicar de quien se trata ni su alta investidura en la ONU, pero si es conveniente poner su informe final, dado a conocer el 4 de julio, en los justos términos que merece.
El informe resultó lo que se esperaba y lo que los especialistas en la materia habían señalado: un informe que pone al desnudo el carácter autoritario y los abusos del régimen venezolano. Sobre el mismo se han hecho muchos análisis y resúmenes, pues su redacción, conclusiones y recomendaciones van más allá de los derechos humanos y se hunden profundamente en la crisis completa del país. Omitiremos por tanto muchos de sus aspectos que damos por conocidos y nos concentraremos en los aspectos políticos, sobre los cuales el Informe señala:
- Que con frecuencia se vulnera el Estado de Derecho, luciendo el Defensor del Pueblo como un convidado de piedra y el Ministerio Público como un simple tentáculo del régimen.
- Que se castiga con represalias la libertad de expresión y de asociación.
- Que “Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”, e igualmente que: «…la discriminación con base en motivos políticos y el control social mediante los carnets (de la Patria) tiene un impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus derechos”
- Que hay ataques permanentes contra oponentes políticos y defensores de los Derechos Humanos.
- Que se utiliza -excesiva y letalmente- la fuerza contra manifestantes, violando expresas disposiciones constitucionales.
- Que, al momento de elaborar el informe, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad por razones políticas, y que probablemente hoy son más.
- Que la Asamblea Nacional ha sido sometida a un acoso por parte del Tribunal Supremo de Justicia: “En 2019, la Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el Presidente de la Asamblea Nacional. Muchos de ellos han sido acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil” y que, aparte de los detenidos, hay muchos exiliados o escondidos.
- Que, en materia de libertad de expresión, vital también para la actividad política, el régimen trata de imponer una hegemonía comunicacional y hay decenas de medios impresos, emisoras radiales y plantas televisivas que han sido cerrados: “el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”[…] “Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión” […] “Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales”
- Que hay centenares de periodistas nacionales perseguidos y exilados, y muchos periodistas extranjeros son apresados y expulsados del país, además de “detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales”
- Que los órganos represivos del estado “han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares”
El Informe denuncia igualmente:
- El aumento de la militarización en el país y la utilización de civiles, por parte del gobierno, para tareas de represión y control social: “Estas políticas implican un aumento de la militarización de las instituciones del Estado… Asimismo, extienden la utilización de la población en tareas de inteligencia y defensa, por medio de estructuras locales tales como los Consejos Comunales, las Unidades de Batalla Bolívar y Chávez (UBChs), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS)”
- Que “…el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”
- Que “La Asamblea Nacional Constituyente, […] establecida en agosto de 2017 tras un proceso electoral carente de inclusión política y viciado de irregularidades,” […] asumió de facto las responsabilidades constitucionales de la Asamblea Nacional.” Que ha propiciado: “…leyes y reformas legislativas (que) han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones”
- Específicamente el ensañamiento contra la Asamblea Nacional y que esa “… tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”
- El informe denuncia también que “Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos”
La Alta Comisionada hace una serie de recomendaciones, pero merece destacar su llamado: «Exhortó a todas las personas con poder o influencia tanto en Venezuela como en el resto del mundo a que colaboren y contraigan compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo«. Creemos, por lo visto en estas páginas, que el Informe Bachelet debe ser apreciado en sus justos términos, y utilizado para poner en evidencia la crisis que vive el país bajo el actual régimen dictatorial.